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Colombia diariamente vive una discusión por crear una sociedad donde prime la igualdad pero nos olvidamos de un sector y es el de las prostitutas.

 

La existencia de trabajadoras sexuales es un hecho que abarca durante muchos años, pues la prostitución es considerada el trabajo más antiguo del mundo.

El trabajo sexual va más allá del libre ejercicio de las libertades sexuales y se convierte en muchos casos en la única salida posible. Por ello, es necesario controlar que no encubra actividades delictivas como la trata de personas y la explotación sexual comercial de niños y adolescentes; la explotación laboral de las personas que ejercen el trabajo sexual, la persecución, discriminación y extorsión de la que son objeto.

En Colombia se creó el Sindicato Nacional de Trabajadoras Sexuales (Sintrasexco) para luchar contra la discriminación y explotación de este trabajo, y Fidelia Suarez (presidente de Sintrasexco) asegura que, también están en contra de la trata de personas, pues una cosa es la prostitución por elección libre (como lo decidió ella y todas las integrantes del sindicato) y otra cosa es la trata de personas.

Entonces, si ellas decidieron su trabajo y la prostitución es el segundo trabajo ilegal que más ingresos económicos traen al país, el primero es el narcotráfico, ¿por qué en Colombia no les dan un trato digno? en Colombia y en general en Latinoamérica el trabajo sexual no está penalizado pero tampoco reglamentado, por lo que quienes realizan esta actividad suelen ser más vulnerables, no solamente por el rechazo moral que existe frente a este oficio, sino por las condiciones en que son tratadas por quienes manejan el negocio, los clientes, la Policía y hasta las instituciones que las victimizan precisamente por ese vacío legal.

Recientemente cinco integrantes de Sintrasexco se presentaron en el congreso para participar en una audiencia en la que se busca regular su trabajo pues, según Clara Rojas, la situación de las trabajadoras sexuales es precaria ya que hay más de 3.000 mujeres en este oficio; una de las exigencias de este sindicato es que no les tuvieran lastima y cambiar el Proyecto de la 079 de 2013 en el que “se trataba el trabajo sexual como una condición de discapacidad que hacía de estas mujeres personas merecedoras de trato especial, con acompañamiento psicológico y andar por ahí con todo tipo de gafetes y certificaciones que constatara que no tienen enfermedades” y aunque el documento da a entender que lo de ellas es un trabajo reconocido por el Ministerio del Trabajo, el sindicato pidió reformar este proyecto.

No se ha terminado de arreglar la situación de estas mujeres cuando se enfrentan a un nuevo problema y es la llegada de las prostitutas venezolanas y aunque Eva Reynaga (directora de la Red Latinoamericana de Trabajadoras Sexuales) afirma que es admirable que la Corte en Colombia tenga en cuenta el trabajo de las Venezolanas, la situación es completamente diferente pues, aunque las trabajadoras sexuales colombianas están de acuerdo con aceptarlas se declaran de esas mujeres que llegan a ofrecer sus servicios en cualquier parque o billar.

 

Este disgusto ha generado riñas entre las prostitutas de ambas nacionalidades y una nueva desventaja ante las nacionales ya que uno de los grandes problemas es que las venezolanas manejan una tarifa más baja que las colombianas, en Ocaña (Santander) las extranjeras cobran entre $30.000 y $40.000 por el servicio mientras que las colombianas manejan una tarifa de $50.000 o $60.000 es decir $20.000 por encima.

Este problema de aceptación a las trabajadoras sexuales no solo está en Colombia, en diferentes países de Latinoamérica la situación es similar, por ello diferentes personas pertenecientes a este sector han salido a realizar diversas marchas para dignificar el trabajo sexual, como ocurrió recientemente en Chiapas (México), donde hay más de 800 mil personas que se dedican a la prostitución: mujeres, hombres y transexuales; estos trabajadores generan cerca del dos por ciento del Producto Interno bruto (PIB), y aunque el gobierno se lucra de este servicio aun no lo consideran un empleo por lo que la mayoría ejerce este oficio en condiciones de alto riesgo.

En Quito aunque se crearon zonas de tolerancia los habitantes del barrio San Roque han exigido la salida de estas casas de tolerancia, ubicadas en el sector conocido como La Cantera, ya que según ellos la inseguridad ha aumentado en esta zona; aunque se pensó que la medida era una solución, pero cientos de mujeres regresaron a las calles, sobre todo al Centro Histórico, alegando que la reubicación no estaba acompañada de un plan integral que las ayudara.

Sin contar con una ayuda real, ni con el apoyo del gobierno se creó la Red Latinoamericana de trabajadoras Sexuales (Retrasex) donde principalmente ayudan a las mujeres a subir su autoestima (actividad principal), quitándoles la falsa idea de que no sirven y no valen como mujeres, las incentivan a verse a sí mismas como personas con aptitudes, cualidades y virtudes muy valiosas, todo con el fin de mejorar su calidad de vida, con esta idea también se pretende que las trabajadoras sexuales logren salir de los centros donde sus dueños se creen con el derecho de quitarles el dinero que recolectan por el trabajo prestado.

Mientras tanto en Colombia, aunque la Corte Constitucional y el Ministerio del Trabajo buscan legalizar y mejorar las condiciones del trabajo sexual, estas mujeres aun seguirán luchando contra una cultura machista y autoritaria, donde han reconocido a la población LGBTI, se está librando un debate para la adopción de parejas y se ha reconocido el matrimonio igualitario pero, no se tiene compasión ni aceptación por un trabajo que se ha tomado por decisión propia, y es que el dilema no es que estas mujeres realicen dicho trabajo sino, que en medio de un doble moralismo, sean los mismos hombres que pagan por sexo los que discriminan esta sociedad. Es momento de entender que si se busca crear un país igualitario debemos empezar a respetar un trabajo en el que no se ve afectada la integridad del ser humano.