En los últimos meses, Colombia ha enfrentado una temporada de lluvias inusualmente intensa que ha causado graves inundaciones, tamaños y pérdidas de infraestructura en varias regiones del país. Los efectos de este clima extremo no solo están impactando la economía, la movilidad y la infraestructura, sino que también están afectando gravemente la vida de millas de personas. Sin embargo, detrás de la crisis climática se encuentra otro problema igualmente preocupante: el manejo inadecuado de esta situación por parte de las au
Impacto de las lluvias: Destrucción y pérdidas humanas
Las lluvias en Colombia, exacerbadas por fenómenos meteorológicos como La Niña, han sido devastadoras. A lo largo de 2023 y 2024, la intensidad y duración de las precipitaciones ha generado inundaciones en departamentos como Antioquia, Chocó, Cauca, Valle del Cauca y Bolívar, afectando tanto zonas rurales como urbanas. Millas de viviendas han quedado destruidas o habitables, las tierras de cultivo han sido arrasadas y la infraestructura vial está gravemente dañada, aislando poblaciones y limitando el transporte de recursos básicos.
La situación no se limita a pérdidas materiales. Muchas familias han perdido a seres queridos debido a las inundaciones y crecientes, mientras que otros se han visto forzados a dejar sus hogares y pertenencias para buscar refugio. Según informes recientes, la cifra de desplazados por desastres naturales sigue en aumento, lo que subraya la vulnerabilidad de estas comunidades ante eventos climáticos extremos.
Las causas del mal manejo de la situación.
A pesar de la gravedad de la crisis, el manejo de esta situación por parte del gobierno y de las entidades de gestión del riesgo ha sido deficiente. Los factores que contribuyen a esta problemática son múltiples:
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Falta de planificación y prevención : En muchas regiones, la planificación y prevención de desastres parecen ser inexistentes. Aunque se han emitido advertencias sobre la intensificación de las lluvias debido a fenómenos climáticos, el país no ha implementado acciones preventivas suficientes, como la construcción de diques, canales de drenaje o sistemas de alerta temprana para mitigar el impacto de las inundaciones.
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Burocracia y lentitud en la respuesta : Las instituciones encargadas de la gestión del riesgo, como la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD), enfrentan procesos burocráticos que dificultan una respuesta rápida y efectiva. La ayuda humanitaria llega tarde o en cantidades insuficientes, dejando a las comunidades afectadas sin los recursos básicos para enfrentar la emergencia.
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Falta de coordinación entre los niveles de gobierno : En Colombia, los distintos niveles de gobierno, desde el nacional hasta el municipal, tienen competencias en la gestión de desastres. Sin embargo, la coordinación entre estas instancias es ineficaz, lo que complica la distribución y movilización de recursos, y provoca que muchas de las soluciones a nivel local queden estancadas o sean ineficaces.
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Escasez de recursos para enfrentar emergencias climáticas : En un contexto de limitaciones presupuestarias, muchas alcaldías y gobernaciones carecen de los recursos económicos necesarios para implementar medidas de prevención. En lugar de establecer un fondo de emergencia específico para enfrentar eventos climáticos extremos, se recurre a asignaciones de última hora que a menudo resultan insuficientes para la magnitud de los desastres.
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Deforestación y falta de ordenamiento territorial : La deforestación desenfrenada y la ocupación desordenada del territorio aumentan la vulnerabilidad a las inundaciones. La pérdida de cobertura vegetal en zonas de ladera y la construcción de viviendas en áreas de alto riesgo son prácticas comunes que amplifican los efectos de las lluvias y dificultan las acciones de mitigación.
Consecuencias a largo plazo del mal manejo
La falta de una respuesta adecuada no solo agrava el sufrimiento de las comunidades afectadas, sino que también genera efectos negativos a largo plazo. Las regiones golpeadas por las inundaciones tendrán que enfrentar costos de reconstrucción elevados, tanto en términos económicos como sociales. La infraestructura afectada afectará millones en inversiones y reparaciones, y el abandono de estas zonas podría provocar un ciclo de pobreza en las áreas rurales.
Asimismo, la respuesta deficiente a esta crisis puede debilitar la confianza en las instituciones del país. Cuando las autoridades fallan en cumplir con sus deberes básicos, como proteger la vida y el bienestar de los ciudadanos, se erosiona la legitimidad del Estado y se amplifica el sentimiento de abandono en la población.
Recomendaciones para un mejor manejo futuro
Para evitar que situaciones similares se repitan, es esencial adoptar medidas que permitan una gestión de riesgos eficiente y sostenible. Algunas de las recomendaciones clave incluyen:
- Fortalecer los sistemas de alerta temprana para que las comunidades puedan tomar decisiones informadas y evacuar si es necesario.
- Aumentar la inversión en infraestructura de mitigación de riesgos , como diques y sistemas de drenaje, especialmente en las áreas más vulnerables.
- Capacitar a los gobiernos locales en la gestión del riesgo de desastres y garantizar que cuenten con los recursos y herramientas para implementar medidas preventivas.
- Fomentar la educación ambiental y la sensibilización sobre el uso adecuado del territorio, para prevenir prácticas de deforestación y construcción en áreas de riesgo.
Conclusión
La crisis de las lluvias e inundaciones en Colombia ha evidenciado la necesidad de reformar profundamente el sistema de gestión del riesgo en el país. La falta de una respuesta rápida y efectiva resalta problemas estructurales que, de no ser corregidos, seguirán poniendo en peligro a las comunidades ante futuros eventos climáticos extremos. La solución no solo radica en la reconstrucción de lo perdido, sino en la implementación de un enfoque preventivo y sostenible que proteja a la población frente a cualquier eventualidad.