Los considerables gastos asociados a los desplazamientos internacionales de la primera dama, Verónica Alcocer, podrían contravenir la legislación vigente. Este tema está siendo objeto de estudio a raíz de una demanda presentada ante el Tribunal de Cundinamarca. La acción legal sostiene que el canciller, Álvaro Leyva Durán, no cuenta con la autoridad para designar a la primera dama como embajadora en misión especial "para atender asuntos protocolarios". Bajo esta categoría, el Ministerio de Relaciones Exteriores ha respaldado los costos generados por Alcocer durante sus viajes internacionales.
