Una nueva tragedia golpea al suroccidente del país. Cuatro menores de edad resultaron gravemente heridos tras la explosión de una mina antipersonal en zona rural del municipio de Olaya Herrera, en el departamento de Nariño, un hecho que vuelve a poner en evidencia la persistencia de estos artefactos en territorios donde la presencia estatal sigue siendo limitada.

El incidente ocurrió mientras los niños se encontraban jugando en una vereda, sin sospechar que el terreno estaba contaminado con explosivos. La detonación generó heridas de alta gravedad, obligando a una evacuación aeromédica de emergencia por parte del Ejército Nacional de Colombia hacia centros asistenciales especializados.

Lesiones graves y consecuencias irreversibles

De acuerdo con información oficial, los menores se encuentran fuera de peligro, pero el impacto físico ha sido devastador: al menos tres de ellos deberán someterse a amputaciones debido a la gravedad de las heridas.

El caso evidencia una realidad que persiste en varias regiones del país: comunidades enteras continúan expuestas a zonas contaminadas por minas antipersonal, incluso en espacios cotidianos como caminos rurales o áreas de juego.

Presencia de grupos armados y zonas de riesgo

Aunque las autoridades no han atribuido de forma directa la instalación del explosivo a un grupo específico, en la zona operan estructuras armadas ilegales, entre ellas facciones disidentes vinculadas a antiguas guerrillas.

Este contexto refuerza la preocupación sobre el control territorial en regiones apartadas, donde la población civil sigue siendo la principal víctima de prácticas prohibidas por el Derecho Internacional Humanitario.

Una amenaza que sigue vigente en Colombia

El uso de minas antipersonal continúa siendo una de las expresiones más graves del conflicto armado. Según cifras recientes, cerca del 15 % del territorio nacional aún presenta algún grado de afectación por estos artefactos, lo que representa un riesgo constante para miles de familias.

Este nuevo caso en Nariño se suma a una cadena de incidentes que evidencian que, pese a los avances en desminado, el problema está lejos de desaparecer.

Llamado urgente a proteger a la población civil

Las Fuerzas Militares calificaron el hecho como una violación grave al Derecho Internacional Humanitario, al tratarse de un método de guerra que no distingue entre combatientes y civiles.

Más allá de las condenas institucionales, el episodio vuelve a abrir el debate sobre la eficacia de las estrategias de seguridad y la necesidad de fortalecer las acciones de desminado en zonas rurales, donde los más vulnerables siguen pagando el precio más alto.

La violencia vuelve a golpear con fuerza al país. En el departamento de Casanare, cinco hombres fueron asesinados mientras se encontraban reunidos, en un hecho que vuelve a encender las alarmas sobre el deterioro de la seguridad en varias regiones de Colombia.

El crimen, ocurrido en zona rural, evidencia una vez más la presencia de estructuras armadas ilegales que continúan operando con relativa libertad, pese a los reiterados anuncios del Gobierno de Gustavo Petro sobre avances en materia de paz y seguridad.

Un ataque directo y sin resistencia

Según la información preliminar, las víctimas se encontraban departiendo cuando fueron sorprendidas por hombres armados que abrieron fuego sin mediar palabra. El ataque fue directo, lo que hace presumir que se trató de una acción premeditada.

Las autoridades iniciaron operativos en la zona para dar con los responsables, aunque hasta el momento no se reportan capturas ni se ha establecido con claridad qué grupo estaría detrás de la masacre.

Casanare: una región en tensión

Este hecho se suma a una creciente ola de violencia en distintas regiones del país, donde disputas territoriales entre grupos armados ilegales, economías ilícitas y ausencia estatal siguen marcando la realidad cotidiana.

Casanare, tradicionalmente considerado un territorio más estable en comparación con otras zonas, comienza a reflejar síntomas preocupantes de inseguridad, lo que genera inquietud entre la población.

La seguridad, nuevamente en el centro del debate

La masacre reabre el debate sobre la efectividad de la estrategia de seguridad del Gobierno Nacional. Mientras se insiste en la política de “paz total”, los hechos en terreno parecen contar una historia distinta.

Diversos sectores han advertido que la falta de control territorial y la débil respuesta institucional estarían permitiendo el fortalecimiento de actores ilegales, lo que termina traduciéndose en tragedias como esta.

Un patrón que se repite

Este tipo de ataques no es aislado. En los últimos meses, múltiples hechos similares han sido reportados en distintas zonas del país, lo que refuerza la percepción de que la violencia no solo persiste, sino que se está reorganizando bajo nuevas dinámicas.

La pregunta que queda en el aire es clara: ¿está el Estado logrando contener la violencia o simplemente reaccionando tarde ante hechos consumados?

La Federación Colombiana de Trabajadores de la Educación confirmó un paro nacional de docentes para el próximo 15 de abril de 2026. ¿El resultado? Colegios públicos cerrados y millones de estudiantes otra vez sin clases.

No es la primera vez, y tristemente tampoco parece que vaya a ser la última. El sindicato justifica la decisión en los incumplimientos del Gobierno y en la crisis del sistema de salud del magisterio: demoras en citas, tratamientos interrumpidos y fallas en la cobertura. Problemas reales, sí. Pero la pregunta incómoda es otra: ¿la solución siempre tiene que ser afectar a los estudiantes?

Porque aquí hay algo que no se está diciendo con suficiente claridad. Cada paro educativo no es solo una protesta: es un día menos de aprendizaje para niños y jóvenes que ya vienen con enormes brechas, especialmente después de la pandemia. Es un golpe directo a los más vulnerables, a los que dependen exclusivamente del sistema público para salir adelante.

Además, el mensaje que se envía es preocupante: cuando hay un conflicto entre adultos —Gobierno y sindicatos—, los que terminan pagando la factura son los estudiantes. Como si su educación fuera negociable, como si su tiempo no importara.

Sí, el Estado tiene responsabilidades y debe cumplirle a los docentes. Pero también es cierto que el derecho a la educación no debería convertirse en la primera ficha que se mueve en cada pulso político. Hay otras formas de presión, otras maneras de exigir, que no implican cerrar los colegios y frenar el proceso educativo de todo un país.

El 15 de abril no será solo un día sin clases. Será otro recordatorio de un sistema que sigue fallando por todos lados: un Gobierno que no responde a tiempo y un modelo de protesta que termina castigando a quienes menos culpa tienen.

Y mientras tanto, millones de estudiantes en pausa. Otra vez.

El candidato presidencial Abelardo de la Espriella rechazó de manera contundente cualquier posible respaldo del Partido de la U en el marco de las elecciones de 2026. A través de un pronunciamiento público, dejó claro que no está dispuesto a aceptar apoyos de esa colectividad, a la que asocia con prácticas políticas tradicionales.

La postura del aspirante se conoció luego de que el partido adelantara reuniones internas para definir a qué candidatura apoyará. Aunque la colectividad aún no toma una decisión definitiva, sí anunció que no respaldará al senador Iván Cepeda Castro, lo que abrió la puerta a otros posibles candidatos.

Sin embargo, De la Espriella se anticipó a cualquier acercamiento y cerró esa posibilidad. En su mensaje, criticó a los partidos tradicionales, señalándolos como responsables de la “politiquería” y de representar a los mismos sectores de siempre. En ese sentido, insistió en que su proyecto político busca mantenerse independiente y alejado de alianzas que, según él, comprometen la coherencia de su candidatura.

El abogado reiteró que su aspiración presidencial se basa en el respaldo directo de los ciudadanos, sin vínculos con estructuras políticas tradicionales ni con actores que hayan tenido cercanía con el gobierno actual. Además, advirtió que aceptar ese tipo de apoyos podría afectar la independencia que ha defendido desde el inicio de su campaña.

Esta no es la primera vez que el candidato marca distancia frente a posibles alianzas. En ocasiones anteriores ya había manifestado su intención de no recibir apoyo de partidos o figuras que, a su juicio, han contribuido a los problemas del país. No obstante, ha dejado abierta la posibilidad de eventuales acuerdos estratégicos en una segunda vuelta, especialmente dentro del espectro de la derecha, con el objetivo de enfrentar a su principal rival político.