Este primero de mayo de 2026 no llega como una fecha más en el calendario laboral colombiano, sino como una escena cargada de contradicciones que el país ya no puede seguir mirando de lado. El Gobierno convoca a las calles para defender a los trabajadores y respaldar sus reformas, mientras una parte importante de esos mismos trabajadores marcha porque siente que las decisiones oficiales les complicaron la vida en salud, en transporte y en empleo. La paradoja no podría ser más evidente: El poder llama a la plaza, pero la plaza ya no responde con una sola voz.
Gustavo Petro decidió convertir el Día del Trabajo en un acto político de alto voltaje, con la idea de mostrar músculo social en la recta final de su mandato y en medio de su ofensiva por una asamblea constituyente. En el papel, la apuesta parece clara: Reactivar el entusiasmo de sus bases, sostener el relato de gobierno aliado de los sectores populares y demostrar que la calle sigue siendo un terreno favorable. Pero la realidad de fondo es más compleja, porque en esa misma calle también estarán quienes alguna vez lo apoyaron y hoy salen a reclamarle por promesas incumplidas, costos crecientes y servicios que no mejoran.
El caso más visible es el del magisterio. Los docentes, que fueron uno de los respaldos más sólidos del proyecto petrista, hoy cargan con una frustración difícil de maquillar. El nuevo modelo de salud del FOMAG, que debía corregir viejas fallas, terminó agravando el problema para miles de maestros y sus familias: Demoras, trámites interminables, desorden administrativo y una sensación de abandono que ha devuelto al sector a las calles. La paradoja es dolorosa porque quienes ayudaron a llevar al Gobierno al poder son los mismos que ahora protestan por no recibir algo tan básico como atención médica digna.
En el transporte, el malestar también crece. Los gremios vienen advirtiendo que el costo del diésel y la gasolina sigue golpeando su operación y encareciendo la economía en cadena. Para los transportadores, el discurso oficial sobre proteger el bolsillo de los más pobres choca con una realidad muy concreta: Cada alza en combustible se traduce en menos rentabilidad, más riesgo de quiebra y precios más altos para todos. Y cuando los acuerdos previos no se cumplen del todo, la desconfianza se convierte en rabia. No es solo un problema gremial; es un síntoma del desgaste entre el Gobierno y quienes sostienen el movimiento de mercancías y pasajeros en el país.
A eso se suma la situación de millones de trabajadores que viven entre la ilusión de un mejor salario y la realidad de un empleo cada vez más precario. El Gobierno exhibe como logro el aumento del salario mínimo, pero en muchas pequeñas y medianas empresas ese ajuste, sumado a la presión de los costos y la incertidumbre económica, ha terminado en recortes, informalidad y más fragilidad laboral. El resultado es una contradicción que el primero de mayo se expone sin maquillaje: No basta con subir cifras sobre el papel si el mercado termina expulsando trabajadores del empleo formal que se supone se quería proteger.
Por eso esta jornada no será únicamente una celebración sindical ni una demostración de fuerza oficial. Será, sobre todo, un espejo incómodo para todos. Para el Gobierno, porque tendrá que marchar junto a sectores que lo respaldan pero también lo cuestionan con dureza. Para la oposición, porque no podrá negar que hay malestar real en amplios sectores sociales, aunque muchos de esos reclamos no se resuelvan con consignas contra el presidente. Y para el ciudadano común, porque la fecha obliga a preguntarse si el debate ya dejó de ser entre derecha e izquierda y pasó a ser entre un país que promete y un país que no encuentra resultados.
La fuerza de este primero de mayo está precisamente en esa tensión. No será una marcha de certezas, sino una jornada en la que cada sector intentará usar la calle para decir algo distinto: Unos para respaldar al Gobierno, otros para advertirle que se ha equivocado, y otros para recordarle que el poder no se legitima solo con banderas y discursos ideológicos de rabia y odio, sino con hechos que mejoren la vida de la gente. En esa mezcla de bajo respaldo y gran desencanto hay una verdad difícil de evadir: Si un gobierno llega al Día del Trabajo con maestros molestos, transportadores en alerta y trabajadores inseguros sobre su futuro, entonces la movilización ya no celebra derechos; ahora juzga al que prometió defenderlos y que solamente les ha dado frustración y desilusión en nombre del cambio.
Y ahí está la pregunta de fondo que deja esta jornada: ¿Puede un gobierno decir que está del lado de los trabajadores cuando muchos de ellos sienten que sus decisiones los han dejado peor que antes? La respuesta no la darán los discursos ni las tarimas. La dará la calle, con su incomodidad, su memoria y su capacidad de decirle al poder, en voz alta, que defender al pueblo no es convocarlo a marchar, sino evitar que tenga que salir a protestar por lo que nunca debió perder en un Gobierno que se supone los defendería como nunca antes se había hecho.
