Noticias Principales ⬇

 

Una gran polémica se desata en Bogotá en torno a la necesidad de asignar escoltas y vehículos blindados a los Concejales de la ciudad que al parecer poco o nada lo requieren, sobre todo en estos tiempos de pandemia que se encuentran sesionando de forma virtual el presidente, los alcaldes y los gobernadores, de manera que, varias instituciones priorizan el dinero para ayudar a las poblaciones más vulnerables. Por eso, para el representante de la coalición Decentes David Racero, es un despropósito que en medio de la cuarentena y en una emergencia sanitaria como la del covid−19, el Concejo de Bogotá haya firmado un convenio por 2.661 millones de pesos con la Unidad Nacional de Protección (UNP) para la provisión de 39 camionetas blindadas para los concejales de Bogotá. 

Por su parte el exconcejal Juan Carlos Flórez afirmó al respecto que “era una bofetada que Bogotá se gaste ese dinero, cuando la mayoría de los concejales no tiene problemas de seguridad”. Los concejales se ganan más de 25 millones de pesos. El que quiera carro que lo compre”. Algunos de los que actualmente están ejerciendo, incluso hicieron sus campañas andando en Transmilenio, no veo porqué ahora necesitan tanta seguridad.

El presidente del Concejo, Carlos Fernando Galán, le explicó a SEMANA varias cosas al respecto del convenio. Lo primero que quiere dejar claro es que “al día de hoy no se ha desembolsado un solo centavo a la UNP” y que los 2.661 son un tope máximo y que solo se pagará lo que se use. “Se va a pagar lo que efectivamente se use. Si son cero carros los que usamos en cuarentena, se paga cero. Si son tres, se pagan tres. Yo, por ejemplo, ya dije que lo iba a devolver”, aseguró.

Galán también dijo que cuando llegó al Concejo una de las primeras cosas que hizo fue pedirle a los concejales que si lo consideraban necesario solicitaran un estudio a la UNP para ver si tenían algún tipo de riesgo y requerían de seguridad. 39 concejales lo pidieron, salvo Susana Muhamad, de la Colombia Humana, y los concejales de la Alianza Verde Martín Rivera, Luis Carlos Leal, María Fernanda Rojas, Diego Laserna y Diego Cancino. Ese estudio aún no ha sido revelado y el que venía del año anterior se vencía en febrero pasado y por eso lo prorrogó un mes. Vencida la prórroga, tuvo que renovar el convenio porque 19 concejales tenían riesgo, de acuerdo al estudio anterior, y si no se actualizaba quedaban desprotegidos.

 

“Yo mismo cuando llegué al Concejo −dijo Galán−, pensaba que muchos no tenían riesgo. Pero luego te enteras de que esa persona que creías que no tenía riesgo había denunciado a cuatro bandas delincuenciales de Ciudad Bolivar y estaba amenazada”. Galán también afirmó que en este momento hay algunos concejales que requieren de la camioneta pues se encuentran haciendo actividades de control político sobre lo que está haciendo la alcaldesa Claudia López. Y por eso, para Galán la autoridad competente para establecer quién tiene un riesgo o no es la UNP. 

El presidente del Concejo también recordó que el decreto 1066 de 2015 establece que si un concejal o servidor público pide a la UNP que le haga estudio de seguridad y se establece que existe ese riesgo extraordinario entonces la entidad donde trabaja, en este caso el Concejo, está obligado a proveer los recursos. Para este año ya se habían aprobado 6.400 millones de pesos, desde el gobierno de Enrique Peñalosa, entonces la corporación tenía que pagar ese dinero.