El exgobernador del Valle, Juan Carlos Abadía, fue detenido recientemente. Abadía recibió una condena por parte de la Sala de Primera Instancia de la Corte Suprema de Justicia en 2023, por los delitos de contrato sin cumplir los requisitos legales y peculado por apropiación, relacionados con irregularidades en la firma de un contrato para equipar 40 bibliotecas en centros educativos del departamento. La sentencia en su contra se espera para este miércoles.
De acuerdo con datos de la Procuraduría, 11 de estos casos fueron perpetrados por sus parejas o exparejas.
Según la investigación de la Corte Suprema de Justicia, Abadía es culpable de los delitos de contrato sin cumplir los requisitos legales y peculado por apropiación, debido a irregularidades en la firma de un contrato con la Fundación Calimío en 2010, representada por Luz Delly Martínez, para equipar 40 bibliotecas en centros educativos. El contrato se valoró en $1.072 millones, comprometiendo al departamento a pagar mil de esos millones, mientras que la fundación se encargaría del resto.
Sin embargo, la Corte determinó que la fundación carecía de experiencia para ejecutar el proyecto y que adquirió los elementos por $182 millones, subcontratando a diferentes editoriales, lo que resultó en que gran parte del dinero fuera a parar a manos de terceros. La acusación de la Fiscalía, que fue respaldada por el alto tribunal, señala que representantes legales de Ediciones Alfa & Omega y La Clave del Saber se apropiaron de $817.482.400.00 mediante sobrecostos, y que Abadía, en su calidad de representante legal y ordenador del gasto, autorizó este pago al celebrar el convenio.
Sin embargo, esta no es la única investigación en curso contra Juan Carlos Abadía. En julio de 2023, fue acusado de presuntamente pagar un soborno para archivar un proceso en su contra en la Corte Suprema de Justicia. Abadía fue formalmente vinculado a la investigación penal por el escándalo del cartel de la toga en junio de 2022, después de que testigos lo señalaran durante años como supuesto beneficiario de una red de sobornos en la alta esfera judicial.
Específicamente, está siendo investigado por el delito de cohecho por dar u ofrecer, debido a que, aparentemente, intentó influir en un proceso penal en su contra por corrupción durante su mandato en la Gobernación del Valle. Los elementos de prueba sugieren que entregó $400 millones al abogado Luis Gustavo Moreno Rivera, exfiscal contra la corrupción, en 2014, dinero que supuestamente fue dirigido al ahora condenado y exmagistrado Francisco Ricaurte.