Mientras la comunidad internacional eleva la presión sobre Nicolás Maduro, el gobierno de Gustavo Petro en Colombia ha optado por un tono ambiguo y prudente que muchos califican de silencio cómplice. Ante el plazo internacional que enfrenta Maduro para abandonar el poder, y el creciente riesgo de una intervención militar de Estados Unidos, las declaraciones desde Bogotá se han caracterizado por la tibieza y la evasión.

La política exterior de Petro ha priorizado el acercamiento con Caracas bajo el argumento de la “integración latinoamericana” y la “paz total”, pero esta estrategia corre el riesgo de convertir a Colombia en escudo político de una dictadura acorralada. El reciente nombramiento de un nuevo general al frente de las Fuerzas Armadas Bolivarianas, en medio de acusaciones de corrupción y represión, ha sido ignorado por la Cancillería colombiana, lo que genera sospechas de un respaldo implícito.

Más aún, Maduro ha intentado manipular el concepto de soberanía binacional, sugiriendo que Colombia debería solidarizarse con Venezuela frente a una eventual ofensiva estadounidense. Este discurso busca arrastrar al país a un conflicto que no le pertenece. La omisión de Petro en este punto es grave: No solo pone en riesgo la neutralidad colombiana, sino también la seguridad de la frontera y la estabilidad regional.

La contradicción es evidente, mientras Petro en foros internacionales aboga por el respeto a los derechos humanos y el multilateralismo, en el caso de Venezuela prefiere el silencio selectivo. Esta postura erosiona la credibilidad de Colombia como actor neutral y la acerca peligrosamente a la órbita del chavismo, en un momento en el que Maduro juega sus últimas cartas para sobrevivir políticamente.

La comunidad internacional observa con atención. Una eventual intervención militar de EE.UU. tendría repercusiones inmediatas en Colombia, como flujos migratorios masivos, tensiones en la frontera y la posibilidad de enfrentamientos indirectos. Ante este escenario, la falta de claridad en la postura de Petro solo alimenta la incertidumbre.

El dilema es claro ¿defiende Petro la institucionalidad democrática en América Latina o protege a un régimen que se aferra al poder a costa del sufrimiento de su pueblo? La respuesta, hasta ahora, ha sido una incómoda mezcla de ambigüedad, cálculo político y pragmatismo ideológico.

Introducción
El atentado perpetrado ayer en la ciudad de Cali dejó una profunda herida en la comunidad, evidenciando de manera dramática la crisis de orden público que enfrenta la región. Este hecho violento no solo refleja la inseguridad creciente sino también la desidia y la ineficacia de las autoridades encargadas de garantizar la tranquilidad ciudadana.

Contexto de la crisis de orden público
Desde hace varios años, Cali ha sido epicentro de múltiples expresiones de violencia que involucran a grupos al margen de la ley. La proliferación de bandas armadas dedicadas al narcotráfico, la extorsión y otros delitos no ha podido ser contenida por la gestión gubernamental. La falta de un plan coherente y la ausencia de recursos suficientes han generado un ambiente propicio para que estos actores ilegales operen con relativa impunidad.

Detalles del atentado
El ataque se produjo en una zona céntrica y transitada de la ciudad, causando temor y consternación entre los habitantes. Aunque las cifras oficiales aún están siendo confirmadas, fuentes locales señalan múltiples heridos y daños materiales considerables. La naturaleza del atentado demuestra una clara intención de desestabilizar la seguridad pública y amedrentar a la población.

Responsabilidad de la gestión gubernamental
Gran parte del fracaso en el control de la violencia radica en la insuficiente coordinación entre las distintas entidades responsables —policía, fuerzas militares y administraciones locales— que no logran articular estrategias efectivas contra el crimen organizado. Además, la corrupción y la mala administración de recursos agravan la situación, debilitando la capacidad del Estado para responder con contundencia.

Impacto social y psicológico
Más allá de los daños físicos, el atentado ha quebrantado la confianza de la ciudadanía en las instituciones. La incertidumbre y el miedo se han instalado en barrios y comunidades, afectando la convivencia social y el desarrollo económico. La sensación generalizada es que el vivir en paz se está convirtiendo en un espejismo para muchos caleños.

Llamado a la acción
Es urgente que el gobierno implemente medidas integrales que combinen prevención, control y rehabilitación social. Esto incluye fortalecer la presencia policial, mejorar el sistema de inteligencia y garantizar recursos adecuados, además de promover una verdadera participación ciudadana que ejerza presión para la transparencia y la justicia.

Conclusión
El atentado de ayer en Cali es un reflejo inevitable de la crisis estructural en materia de seguridad. La mala gestión gubernamental ha permitido el aumento de los grupos armados ilegales, generando un efecto dominó que afecta profundamente la vida diaria. La comunidad exige respuestas claras, efectivas y rápidas para restablecer el orden y devolver la tranquilidad a una ciudad que clama por paz.

Álvaro Uribe Vélez, expresidente de Colombia, ha sido una figura central y controvertida en la política del país durante las últimas décadas. Su proceso judicial ha captado la atención nacional e internacional, poniendo en el centro del debate temas de justicia, política y poder en Colombia.

El proceso judicial contra Álvaro Uribe comenzó como una investigación por presuntos vínculos con grupos paramilitares y la manipulación de testigos. La Fiscalía de Colombia abrió investigaciones que apuntaban a que Uribe habría influido en la vinculación de testigos para favorecer su defensa en casos relacionados con su tiempo en la gobernación de Antioquia y la presidencia. Estos señalamientos generan una profunda división en la opinión pública, donde sus seguidores defienden su inocencia y argumento que se trata de una persecución política, mientras sus detractores exigen un juicio riguroso y transparente.

En la actualidad, el expresidente Uribe se encuentra enfrentando varias judicializaciones, aunque sigue siendo una figura con gran influencia política y social. A pesar de las investigaciones, no ha perdido relevancia dentro de su partido ni en la política colombiana. Sin embargo, su situación judicial representa un desgaste para la imagen del Centro Democrático, el partido político que él fundó y que ha tenido un papel importante en la política colombiana, especialmente en la oposición durante gobiernos recientes y en la defensa de políticas de seguridad y economía de mercado.

El Centro Democrático mantiene una postura clara de respaldo a Álvaro Uribe y utiliza su figura como símbolo de lucha contra la insurgencia y el crimen organizado, defendiendo la política de mano dura implementada durante su gobierno. A nivel político, este partido se posiciona en la derecha del espectro político colombiano, criticando con frecuencia a los movimientos de izquierda y buscando frenar las reformas impulsadas por sectores progresistas.

Por otro lado, el Pacto Histórico, coalición política de izquierda que ha ganado fuerza en los últimos años, sostiene una postura crítica tanto hacia Uribe como hacia el Centro Democrático. Este bloque político denuncia lo que considera un pasado marcado por violaciones a los derechos humanos y corrupción, y promueve una agenda de justicia social, reforma agraria y fortalecimiento del Estado de derecho. El Pacto Histórico cuestiona el manejo de la seguridad y la guerra que caracterizaron el gobierno de Uribe, y aboga por una profunda renovación de la política colombiana, que incluya verdad, justicia y reparación para las víctimas del conflicto armado.

En síntesis, el proceso judicial de Álvaro Uribe refleja las profundas tensiones políticas y sociales en Colombia. Mientras él y su partido mantienen una postura de defensa y reafirmación de sus principios, sectores como el Pacto Histórico buscan cambios estructurales y una interpretación crítica del pasado reciente. Este contraste evidencia la polarización política en Colombia y el desafío que representa para la construcción de un consenso nacional en torno a la justicia y la reconciliación.

La situación del turismo en San Andrés Islas en 2025 se presenta con una aparente recuperación en cifras, pero detrás de estos números se esconde una crisis profunda que evidencia las consecuencias de una gestión gubernamental deficiente. La isla, que solía ser un destino paradisíaco con gran afluencia turística, ha visto cómo sus principales problemas estructurales se han agravado, en gran parte debido a las malas decisiones tomadas por el gobierno de Gustavo Petro.

Aunque las llegadas de turistas han aumentado en comparación con años anteriores, este crecimiento no es sostenible ni equitativo. La retirada de las aerolíneas low cost, una consecuencia directa de políticas poco claras y sin previsión, ha reducido significativamente la conectividad aérea al archipiélago, limitando la accesibilidad para la mayoría de visitantes. Esto ha provocado una disminución abrupta en la llegada de turistas, afectando directamente la economía local y provocando el cierre de varios establecimientos hoteleros, impactando negativamente en el empleo y la estabilidad económica de la población.

Por otro lado, el gobierno ha implementado medidas como la tarjeta de turismo obligatoria, que, en teoría, busca financiar proyectos de sostenibilidad y preservación ambiental. Sin embargo, esta medida ha resultado en un costo excesivo para los visitantes, generando rechazo y complicaciones adicionales para la industria turística. La falta de transparencia y una adecuada gestión en la distribución de estos recursos han provocado desconfianza entre los habitantes y los operadores turísticos, quienes no ven reflejados beneficios palpables en sus comunidades ni en la mejora de los servicios básicos.

Además, el manejo deficiente de la infraestructura y los servicios públicos en San Andrés –desde salud hasta servicios ambientales– ha profundizado la crisis social que vive la isla. La sobre oferta turística sin un ordenamiento claro ha generado tensiones tanto en la capacidad física de la isla como en su ecosistema, afectando su atractivo natural y poniendo en riesgo la sostenibilidad del destino a largo plazo.

El gobierno de Gustavo Petro ha demostrado una falta de efectividad al no lograr equilibrar las necesidades económicas, sociales y ambientales del archipiélago, y sus decisiones han contribuido a un estancamiento problemático en el sector turístico, que es la principal fuente de ingresos locales. Mientras se proclaman cifras de crecimiento turístico, la realidad cotidiana para muchos en San Andrés es una constante incertidumbre y precariedad, provocada por la ausencia de una política coherente, inclusiva y realmente sostenible para el desarrollo de la isla.

En conclusión, la crisis turística de San Andrés no puede entenderse sin analizar críticamente las decisiones políticas que han frenado su potencial y, en muchos casos, han profundizado sus debilidades estructurales, dejando a la isla ya su gente en una situación vulnerable y sin rumbo claro.