La consulta interna del Pacto Histórico, realizada el 26 de octubre de 2025, para definir su candidato presidencial y las listas al Congreso de la República, dejó un sabor amargo y varias preguntas sobre el futuro político de esta coalición. Iván Cepeda, con el 57,42% de apoyo tras el conteo parcial, se consolidó como candidato a la presidencia, superando ampliamente a Carolina Corcho (36%), pero la jornada estuvo marcada por una baja participación de poco más de 2.7 millones de votantes en todo el país, una cifra muy inferior a los 5.8 millones que votaron en la consulta anterior de 2021, cuando el Pacto Histórico estaba en su pico de popularidad electoral.

Este descenso radical equivale a casi la mitad del apoyo electoral previo, un indicio claro de crisis dentro del movimiento que había sido clave en la victoria presidencial de Gustavo Petro. La baja movilización refleja un desgaste político, fracturas internas y una desconexión con parte de su base electoral.

En Bogotá, la elección para la Cámara de Representantes mostró un fenómeno similar. El voto a figuras tradicionales dentro del Pacto Histórico decayó, mientras que personajes sin amplia trayectoria política lograron destacar. El influenciador Walter Alfonso Rodríguez Chaparro, conocido como "Wally", fue el más votado al Senado por Bogotá con aproximadamente 143,000 votos, desplazando a políticos clásicos y demostrando un giro hacia nuevos liderazgos y una política más mediática y menos institucional.

Este perfil mayoritario de los candidatos más votados en Bogotá sugiere una apuesta por figuras emergentes, con fuerte presencia en redes sociales y discursos frescos, en contraposición con los históricos del movimiento. Sin embargo, esta renovación también evidencia la dificultad del Pacto Histórico para retener el apoyo popular con sus figuras fundadoras y consolidadas.

En contexto, la consulta reflejó que la coalición atraviesa un momento complejo. La reducción de la votación demuestra desmotivación y desencanto en sectores que antes la respaldaban masivamente. Denuncias de irregularidades y dificultades logísticas en la votación también afectaron la percepción del evento. El reto para el Pacto Histórico será cómo traducir esta renovación generacional en un crecimiento electoral sólido y superar sus divisiones internas para mantener su relevancia y liderazgo de cara a las elecciones presidenciales y legislativas de 2026.

En el marco de las elecciones de Colombia 2025, el escenario político muestra una dinámica compleja y retadora para los partidos que buscan consolidar poder y confianza en el electorado. Los procesos electorales no solo revelan la multiplicidad de corrientes ideológicas presentes, sino que también reflejan las tensiones sociales y económicas que atraviesa el país.

Los partidos tradicionales enfrentan un momento de tensión debido al desgaste de sus líderes y la insatisfacción popular por la solvencia en temas como la seguridad, empleo y justicia social. Algunos sectores buscan renovarse o fusionarse para consolidar una alternativa capaz de disputar la Presidencia y las mayorías legislativas. La competencia interna dentro de estas agrupaciones políticas añade incertidumbre sobre sus candidaturas definitivas y la fortaleza real que tendrán en las urnas.

Por otra parte, los movimientos emergentes, que a menudo apelan a cambios radicales en la estructura del Estado o a un enfoque más social y progresista, ganan terreno, principalmente en segmentos urbanos y jóvenes. Estas fuerzas aprovechan la insatisfacción generacional y temas urgentes como la crisis ambiental, educación y desigualdad para captar apoyos significativos. Sin embargo, deben enfrentar el desafío de trascender el activismo y convertirse en opciones electorales viables, articulando propuestas concretas y equipos de gobierno competentes.

Las expectativas para estas elecciones giran en torno a la capacidad de los partidos para negociar alianzas estratégicas que les permitan articula mejor campaña y posicionamiento electoral. La fragmentación política hace prever que ningún partido obtenga mayoría absoluta, lo que obligará a pactos y consensos posteriores para gobernar. En este sentido, la negociación política junto con la movilización ciudadana jugarán roles definitorios.

En cuanto a probabilidades, los partidos con estructuras territoriales consolidadas mantienen ventaja en zonas rurales y regiones con fuerte arraigo tradicional. Sin embargo, el crecimiento de sectores urbanos y el uso intensivo de redes sociales para campañas digitales modifican la correlación de fuerzas, donde la capacidad de comunicación y mensajes claros pueden inclinar la balanza en pueblos y ciudades medianas y grandes.

El análisis también apunta a que temas como la inseguridad, la corrupción y el acceso a servicios públicos serán los ejes que definan el voto. La legitimidad que cada partido pueda construir en estos temas y su coherencia con las expectativas ciudadanas serán fundamentales para convertir simpatía en sufragio efectivo.

En resumen, las elecciones de 2025 en Colombia evidencian un reacomodo político donde la competencia entre los partidos tradicionales y fuerzas emergentes está lejos de definirse. La volatilidad del electorado y la importancia de las alianzas políticas serán determinantes para el resultado definitivo, que probablemente implicará un escenario de coaliciones para gobernar el país en un contexto complejo.

El discurso del presidente Gustavo Petro en la Asamblea General de Naciones Unidas el pasado 23 de septiembre de 2025 generó una gran controversia y rechazo por su tono confrontacional y sus acusaciones directas contra Israel. Petro calificó repetidamente la ofensiva israelí en Gaza de "genocidio" y cuestionó con dureza la postura de Estados Unidos, señalando al entonces presidente Donald Trump como "cómplice del genocidio" por su apoyo a Israel. Esta fuerte retórica, lejos de contribuir a un diálogo constructivo, fue percibida como irresponsable y polarizante en un escenario internacional tan delicado.

El mandatario colombiano propuso formar un "ejército poderoso" de países para intervenir militarmente y detener lo que llamó un genocidio en Palestina, una propuesta que excede las competencias de la ONU y que genera alarma sobre la inviabilidad y consecuencias de una acción armada unilateral. Su llamado a que "la diplomacia ya acabó su papel" en el conflicto refleja una visión radical que podría agravar aún más la crisis, omitiendo la complejidad geopolítica y las tensiones que rodean el conflicto israelí-palestino.

Además, la insistencia en demonizar a Israel y Estados Unidos como únicos responsables sin reconocer las acciones provocadoras previas, ni mencionar la violencia cometida por Hamas, denota un sesgo que dificulta cualquier acercamiento a una solución pacífica y justa. El discurso ha sido criticado también por su extensión excesiva y su tono desafiante, que contrastan con el papel diplomático que se espera de un jefe de Estado en un foro multilateral como la ONU.

Este discurso irresponsable no solo pone en riesgo las relaciones diplomáticas de Colombia con aliados clave sino que también podría aislar al país en escenarios internacionales donde se requiere mediación equilibrada y responsabilidad política. Más que aliviar las tensiones, las palabras de Petro han profundizado la polarización, evidenciando la necesidad urgente de adoptar una postura más mesurada y constructiva en temas tan sensibles como el conflicto de Oriente Medio.

En conclusión, el discurso del presidente Gustavo Petro en la ONU, aunque refleje una postura muy firme sobre sus convicciones, fue desafortunado en términos diplomáticos, imprudente en su llamamiento a la acción militar y poco responsable en la polarización de un conflicto complejo, que pide soluciones inclusivas y respetuosas del derecho internacional. Su tono y propuestas generan preocupación sobre el rumbo político internacional de Colombia en los próximos meses.

En un escenario político que ha generado polémica y debate, solamente cuatro congresistas de los 58 miembros que conforman la comisión han decidido firmar la ponencia del presupuesto presentada por el gobierno. Este hecho no solo refleja la falta de consenso y apoyo mayoritario, sino que también pone en evidencia las profundas diferencias internas respecto a la gestión económica y las prioridades del Estado para el próximo año fiscal.

El rechazo generalizado a esta propuesta presupuestaria puede percibirse como un fuerte mensaje de desconfianza hacia las políticas del gobierno y su plan de gastos. La escasez de firmas revela un quiebre en la representación política, donde la mayoría considera que el proyecto no responde a las necesidades reales de la población ni a la distribución equitativa de los recursos públicos.

Entre las principales críticas se encuentran la insuficiencia de inversión en sectores clave como salud, educación y desarrollo social, además de la preocupación por el incremento del gasto en rubros ajenos a la promoción del bienestar ciudadano, lo cual podría agravar los desequilibrios fiscales y aumentar la deuda pública.

Este panorama político tenso abre un espacio para el debate y la negociación en busca de un presupuesto más inclusivo y sostenible que cuente con el respaldo democrático necesario para garantizar su implementación efectiva. Sin embargo, la baja adhesión a la ponencia oficial augura posibles enfrentamientos y un camino complicado para la aprobación final del presupuesto.