En un escenario político que ha generado polémica y debate, solamente cuatro congresistas de los 58 miembros que conforman la comisión han decidido firmar la ponencia del presupuesto presentada por el gobierno. Este hecho no solo refleja la falta de consenso y apoyo mayoritario, sino que también pone en evidencia las profundas diferencias internas respecto a la gestión económica y las prioridades del Estado para el próximo año fiscal.
El rechazo generalizado a esta propuesta presupuestaria puede percibirse como un fuerte mensaje de desconfianza hacia las políticas del gobierno y su plan de gastos. La escasez de firmas revela un quiebre en la representación política, donde la mayoría considera que el proyecto no responde a las necesidades reales de la población ni a la distribución equitativa de los recursos públicos.
Entre las principales críticas se encuentran la insuficiencia de inversión en sectores clave como salud, educación y desarrollo social, además de la preocupación por el incremento del gasto en rubros ajenos a la promoción del bienestar ciudadano, lo cual podría agravar los desequilibrios fiscales y aumentar la deuda pública.
Este panorama político tenso abre un espacio para el debate y la negociación en busca de un presupuesto más inclusivo y sostenible que cuente con el respaldo democrático necesario para garantizar su implementación efectiva. Sin embargo, la baja adhesión a la ponencia oficial augura posibles enfrentamientos y un camino complicado para la aprobación final del presupuesto.
