La pregunta que hoy inquieta a Colombia no se responde únicamente en las cuentas del Estado, sino también en la mesa de cada familia: ¿Quién terminará pagando el ajuste fiscal? Este martes 10 de noviembre, la discusión de la Ley de Rescate Fiscal ocupa un lugar central en la agenda nacional por sus posibles efectos sobre el consumo, los negocios y el presupuesto de los hogares. El Gobierno de Abelardo de la Espriella busca respaldo para su propuesta, pero encuentra resistencia en el Congreso frente a una eventual ampliación del IVA a los alimentos. La precisión importa desde el comienzo: Se trata de un proyecto en negociación, no de nuevos impuestos que ya estén vigentes.
El primer obstáculo apareció donde cualquier reforma se vuelve políticamente sensible: El bolsillo de los ciudadanos. La reunión entre el Ejecutivo y las comisiones económicas, celebrada en Barranquilla, dejó reparos a medidas que puedan encarecer productos de consumo cotidiano. Los legisladores advirtieron que no existe ambiente para respaldar un aumento del IVA sobre alimentos de la canasta familiar. Sin embargo, esa oposición todavía no equivale a una exclusión aprobada: Deberá convertirse en modificaciones concretas al articulado y sostenerse durante las votaciones. Entre anunciar una posición y convertirla en ley existe una negociación que merece seguimiento.
Detrás del desacuerdo hay una distancia que puede redefinir toda la iniciativa. Según las cifras expuestas tras el encuentro, el Ejecutivo buscaría un recaudo cercano a 80 billones de pesos, mientras sectores del Congreso consideran que un texto políticamente viable podría situarse entre 15 y 20 billones. Son estimaciones de la discusión, no ingresos garantizados. La diferencia obliga a resolver una tensión de fondo: Si se retiran impuestos, deberán precisarse los recortes, los recursos alternativos o los cambios de alcance que permitan sostener las cuentas. Prometer simultáneamente menos cargas, más inversión y equilibrio fiscal exige explicar cómo se financiará cada decisión.
La resistencia tampoco proviene solamente de la oposición, y allí aparece el verdadero examen político del Gobierno. El Centro Democrático presentó una alternativa que busca evitar la ampliación del IVA a alimentos e insumos agropecuarios, incluidos fertilizantes, maquinaria y agroquímicos. El debate conecta así la compra de los hogares con los costos de producir: Proteger el precio final exige mirar también lo que ocurre antes de que un alimento llegue al mercado. Para cualquier país que discute un ajuste semejante, la lección es relevante: Una reforma no puede evaluarse únicamente por cuánto recauda, sino por cómo distribuye sus cargas y qué efectos puede generar sobre la actividad productiva.
Hay, entretanto, una decisión útil que las familias pueden tomar sin esperar la votación: Separar las propuestas de las obligaciones vigentes antes de modificar su presupuesto. Registrar los gastos esenciales, comparar precios por unidad y revisar el costo de las deudas permite reconocer qué presiones ya existen y cuáles son todavía escenarios políticos. Para comerciantes y pequeños empresarios, distinguir entre un anuncio y una norma aprobada también ayuda a evitar decisiones precipitadas sobre compras, inversiones o precios. La información cobra valor cuando permite actuar con criterio, no cuando convierte cada discusión legislativa en una alarma.
El desenlace dependerá menos de los discursos que de los cambios verificables al proyecto. Gobierno y Congreso acordaron mesas técnicas para revisar asuntos como IVA, renta, aportes a salud y austeridad estatal, dentro de un calendario legislativo cuyas sesiones ordinarias terminan el 17 de diciembre. La oportunidad consiste en construir un ajuste que explique sus costos y proteja la capacidad de consumo sin esconder las necesidades del Estado. Colombia necesita cuentas sostenibles, pero también confianza: Ambas se fortalecen cuando cada impuesto, cada ahorro y cada excepción tienen una justificación pública comprensible. Ese será el examen de una reforma cuyo resultado se sentirá mucho más allá del Capitolio.