La Federación Colombiana de Trabajadores de la Educación confirmó un paro nacional de docentes para el próximo 15 de abril de 2026. ¿El resultado? Colegios públicos cerrados y millones de estudiantes otra vez sin clases.
No es la primera vez, y tristemente tampoco parece que vaya a ser la última. El sindicato justifica la decisión en los incumplimientos del Gobierno y en la crisis del sistema de salud del magisterio: demoras en citas, tratamientos interrumpidos y fallas en la cobertura. Problemas reales, sí. Pero la pregunta incómoda es otra: ¿la solución siempre tiene que ser afectar a los estudiantes?
Porque aquí hay algo que no se está diciendo con suficiente claridad. Cada paro educativo no es solo una protesta: es un día menos de aprendizaje para niños y jóvenes que ya vienen con enormes brechas, especialmente después de la pandemia. Es un golpe directo a los más vulnerables, a los que dependen exclusivamente del sistema público para salir adelante.
Además, el mensaje que se envía es preocupante: cuando hay un conflicto entre adultos —Gobierno y sindicatos—, los que terminan pagando la factura son los estudiantes. Como si su educación fuera negociable, como si su tiempo no importara.
Sí, el Estado tiene responsabilidades y debe cumplirle a los docentes. Pero también es cierto que el derecho a la educación no debería convertirse en la primera ficha que se mueve en cada pulso político. Hay otras formas de presión, otras maneras de exigir, que no implican cerrar los colegios y frenar el proceso educativo de todo un país.
El 15 de abril no será solo un día sin clases. Será otro recordatorio de un sistema que sigue fallando por todos lados: un Gobierno que no responde a tiempo y un modelo de protesta que termina castigando a quienes menos culpa tienen.
Y mientras tanto, millones de estudiantes en pausa. Otra vez.