Una cartera sin resultados que el Gobierno insiste en revivir y aunque quieren decir que ese Ministerio nació para resolver problemas concretos, parece existir únicamente para sostener una narrativa política.
El Ministerio de la Igualdad, una de las grandes banderas ideológicas del gobierno de Gustavo Petro y de la vicepresidenta Francia Márquez, parece encajar cada vez más en la segunda categoría.
Después de haber sido cuestionado por la Corte Constitucional por errores de trámite y falta de sustento fiscal, el Gobierno volvió a llevar al Congreso un proyecto para intentar salvar una entidad que, tras años de funcionamiento y billones de pesos asignados, sigue sin demostrar una función concreta que no estuviera ya en manos de otras instituciones del Estado.
Un ministerio creado sin claridad técnica
La historia del Ministerio de la Igualdad ha sido accidentada desde el principio.
La Corte Constitucional ordenó repetir el trámite legislativo debido a vicios en su creación, especialmente por la ausencia de aval fiscal adecuado.
Pero más allá del problema jurídico, el debate de fondo sigue siendo otro:
¿para qué sirve exactamente esta cartera?
Durante las discusiones en el Congreso, sectores de oposición han insistido en que muchas de sus funciones ya existen dentro de entidades como el DPS, el ICBF, el Ministerio del Interior, el Ministerio del Trabajo e incluso el DANE.
Es decir, el Gobierno creó una nueva estructura burocrática multimillonaria para duplicar competencias que ya estaban distribuidas en otras instituciones.
Mucho presupuesto… y casi ningún resultado
Las cifras son probablemente el aspecto más difícil de defender para el Gobierno.
Según lo expuesto en el Congreso por congresistas opositores, el Ministerio recibió:
- más de $469 mil millones en 2023,
- cerca de $1.5 billones en 2024,
- y más de $1.3 billones en 2025.
Sin embargo, las auditorías y reportes oficiales mostraron niveles extremadamente bajos de ejecución presupuestal.
Uno de los datos más críticos mencionados en el debate legislativo habla de apenas un 4.9% de ejecución efectiva y pérdidas superiores a $350 mil millones en reservas no ejecutadas.
En otras palabras:
una estructura gigantesca consumiendo recursos públicos sin traducirlos en impacto tangible.
El verdadero motor: la simbología política
Mientras el Gobierno insiste en presentar el Ministerio como una herramienta para combatir la desigualdad, las críticas apuntan a algo distinto:
que la entidad fue creada más como símbolo ideológico que como necesidad administrativa real.
La propia narrativa oficial gira alrededor de conceptos amplios y políticamente atractivos como:
- enfoque diferencial,
- igualdad territorial,
- diversidad,
- inclusión,
- equidad interseccional.
Pero el problema es que, tras años de funcionamiento, sigue siendo difícil identificar políticas concretas, medibles y exclusivas del Ministerio.
La discusión ya no es si la igualdad importa —algo evidente— sino si era necesario crear otro ministerio para repetir funciones existentes mientras el país enfrenta problemas estructurales mucho más urgentes en seguridad, salud, infraestructura y empleo.
Una cartera marcada por la improvisación
La inestabilidad interna tampoco ayuda.
En poco más de tres años, el Ministerio ha pasado por múltiples direcciones:
- Francia Márquez,
- Carlos Rosero,
- Juan Carlos Florián,
- y luego Alfredo Acosta Zapata.
Los cambios constantes reflejan un problema de fondo:
ni siquiera dentro del Gobierno parece existir claridad sobre el rumbo real de la entidad.
El caso más polémico fue el nombramiento de Alfredo Acosta Zapata, cuestionado públicamente por no contar con título universitario.
Lejos de consolidarse como una institución técnica, el Ministerio terminó proyectando una imagen de improvisación permanente.
Más burocracia en un país con crisis reales
Los críticos del proyecto sostienen que Colombia no necesita más estructuras administrativas, sino instituciones eficientes.
Y esa crítica toma fuerza cuando se observa el tamaño burocrático de la entidad:
viceministerios, direcciones técnicas, cargos regionales y cientos de puestos administrativos creados alrededor de una estructura cuyos resultados siguen siendo ambiguos.
Mientras tanto, problemas urgentes como la inseguridad, el deterioro económico y el colapso parcial del sistema de salud siguen exigiendo recursos estatales.
Por eso, para muchos sectores, el Ministerio de la Igualdad terminó convirtiéndose en el ejemplo perfecto de un Estado que prioriza discursos políticos sobre soluciones concretas.
Y aquí aparece la gran pregunta que el Gobierno todavía no logra responder con claridad:
si después de billones de pesos, años de funcionamiento y múltiples cambios internos aún es difícil explicar exactamente qué hace este ministerio…
¿por qué la prioridad política sigue siendo salvarlo a toda costa?
Porque tal vez el verdadero debate ya no sea sobre igualdad.
Sino sobre cuánto dinero público puede llegar a costar una bandera ideológica convertida en burocracia estatal.